Defender los recursos y los ecosistemas de las comunidades supone un gran riesgo para la vida de los veedores en Colombia. A pesar de que es una labor reglamentada constitucionalmente, no se les brinda garantías de seguridad y mucho menos remuneración, aunque el trabajo es indispensable para contrarrestar la corrupción y defender los derechos humanos de la población infantil. Denunciar el reclutamiento de menores de edad se convirtió en un riesgo que muchas veces no es calculado por los defensores, como es el caso de José Iván Pazos Revelo y Diego Fernando Pazos, pertenecientes a la Veeduría Ciudadana Nacional. Ellos son nuevas víctimas de amenazas de muerte y persecución en su contra, amenazas que provienen, al parecer, de integrantes de un grupo armado. Esta violencia contra todos los defensores de derechos humanos en Colombia proyecta el año 2024 como el año más peligroso en comparación con el inmediatamente anterior. El programa "Somos Defensores" documenta que contiene más de 60 casos de asesinatos, una cifra alarmante, pues supera los 28 casos confirmados durante el periodo de 2023 con un incremento del 89%, más de 25 casos.
Los defensores actúan en favor de los derechos humanos, tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, y el nivel más alto de salud. Se usa la expresión «Defensor de Derechos Humanos» para describir a las personas que, individualmente o junto con otras, se esfuerzan en promover y proteger esos derechos. Se les conoce sobre todo por lo que hacen; estos defensores abordan diferentes problemas de derechos humanos que pueden comprender desde las ejecuciones sumarias hasta la tortura, la detención y prisión arbitraria, la mutilación genital de las mujeres, la discriminación, las cuestiones laborales y las expulsiones forzadas.
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación ante la persistencia de la violencia e intimidación en contra de personas defensoras de derechos humanos que se han registrado durante los primeros cuatro meses del año 2024 y llama a los estados a proteger a quienes defienden los derechos humanos con medidas y acciones concretas que incluyen la investigación de los hechos de violencia. Entre los meses de enero y abril, la CIDH observó que la violencia contra personas defensoras se ha mantenido en números alarmantes con al menos 33 asesinatos ocurridos.
¿Por qué estas personas son asesinadas y/o amenazadas? Porque como veedores pueden y tienen el derecho de ejercer un mecanismo democrático de representación ciudadana y ejercer vigilancia de la gestión pública y de los derechos humanos.
¿Quiénes son los hermanos José Iván Pazos Revelo y Diego Fernando Pazos Revelo? Ambos defensores de derechos humanos, pertenecientes a la Veeduría Ciudadana, han pasado por situaciones graves de permanentes amenazas y tortura psicológica. Los hermanos Pazos Revelo, al igual que su señora madre Lida Revelo, fueron acosados por la violencia que azota este país. Venían realizando labores sociales en el departamento del Cauca y tienen claro que su misión es vigilar la gestión pública de diversas autoridades y entidades, tanto públicas como privadas, y defender los derechos humanos. Esa labor ha hecho que se conviertan en objetivo por parte de grupos armados que se movilizan en los departamentos del Cauca y Valle; han denunciado nombres de integrantes de grupos armados que han permeado las instituciones a través de empresas fachadas que contratan con el estado. Desde el 2022 han sido amenazados de muerte, al igual que otros compañeros que fueron asesinados. Esta familia aún cree en los valores y es por eso que ellos se atrevieron a denunciar.
Las primeras denuncias que realizaron fueron sobre hechos de corrupción en las empresas municipales de Cali, EMCALI, una empresa cuestionada por el entramado de corrupción y clientelismo. Las denuncias de los hermanos se debieron a que había un contrato escondido que nunca apareció en el SECOP, un contrato que perjudicaba las finanzas públicas de la ciudad de Cali. Este contrato fue denominado “el contrato de imposible cumplimiento”, contrato con número: 110-Ps1894 del 2021, contrato por una suma de $238 millones. El contrato tenía como objeto una actuación legal de imposible cumplimiento y tenía que ser ejecutado en un plazo jurídicamente irrealizable. El beneficiario fue el mismo abogado que defiende los intereses de los corruptos y trabaja para la clase política más cuestionada del Valle del Cauca, quienes aseguran se han apoderado de la ciudad. Quienes se atreven a denunciar estos hechos son acusados por injuria y calumnia y amenazados de muerte. Por eso, en la última investigación en la que los hermanos Pazos Revelo intervinieron, empezaron a recibir amenazas telefónicas donde les exigían quedarse callados y no denunciar las irregularidades en la administración de la alcaldía de Cali. Esas amenazas incluían advertencias de daño a su señora madre Lida Revelo, y es por eso que decidieron abandonar las investigaciones para proteger a su madre y evitar ser asesinados.
En cumplimiento de su misión como veedores ciudadanos y de derechos humanos, continuaron desarrollando labores sociales en el departamento del Cauca, donde las amenazas continuaron. Es por eso que tuvieron que abandonar sus trabajos, vender sus pertenencias, lo que los obligó a salir del país.
