¿Por qué la violencia se ensaña contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en departamentos como Valle, Cauca, Nariño y Chocó?
Quitarles niños, niñas y adolescentes a la guerra pone en riesgo a quienes denuncian el reclutamiento forzado.
Los activistas defensores Juan Carlos Estupiñán, Jhon Jairo Salazar Cuestas y Carlos Alberto Mogollón han sido perseguidos y amenazados de muerte por denunciar un flagelo tan aberrante como el reclutamiento forzado de menores de edad por distintos grupos armados ilegales que operan en departamentos como el Cauca.
JUAN CARLOS ESTUPIÑÁN, comunicador, periodista y corresponsal, afirma que el Cauca es el departamento del país que tiene la mayor fortaleza del movimiento indígena, campesino y afrodescendiente, y también uno de los mayores índices de reclutamiento forzado en Colombia. Él se infiltró para conocer de primera mano cuáles eran las modalidades utilizadas para reclutar menores.
JHON JAIRO SALAZAR, defensor de derechos humanos de Mission Pacífico, coincide en que el Cauca cuenta con liderazgos mucho más fuertes que otras regiones del país. Sin embargo, añade que “como es un territorio tan conflictuado, vulnerable a economías ilícitas, al reclutamiento de menores de edad y al control por parte de grupos armados, esos liderazgos fuertes quedan expuestos, porque representan para los actores de la ilegalidad una oportunidad”.
Le preocupa el incremento de casos de reclutamiento de niñas, niños, jóvenes y adolescentes en Colombia. Reveló el más reciente reporte sobre casos conocidos entre 2005 y 2020: más de 93.000 menores fueron reclutados e instrumentalizados por distintos grupos armados.
Salazar Cuestas explica por qué se utilizan niños y niñas para la guerra. Cuando escuchamos la palabra “guerra”, pensamos en violencia, armas, ataques, soldados y bombardeos; sin embargo, pocas veces la asociamos con niños soldados, pese a ser una práctica habitual debido a la dinámica cambiante de los conflictos y su intensificación. Esto ocurre a pesar de estar condenada por el derecho internacional como una de las mayores violaciones a los derechos humanos, especialmente en tiempos de guerra.
CARLOS ALBERTO MOGOLLÓN, vinculado a una organización canadiense de derechos humanos, denunció el año anterior que las disidencias de las FARC estaban reclutando menores de edad. Señaló que realizaban fiestas como modalidad de captación, lo que lo convirtió en objetivo militar. Su denuncia relata que el 27 de mayo de 2025, mientras se movilizaba en su motocicleta por la vereda Villa Colombia en Jamundí (Valle del Cauca), fue testigo de un evento organizado por las disidencias de alias Iván Mordisco.
El festejo, desarrollado en el polideportivo de Villa Colombia, consistía en una celebración donde había mujeres y hombres armados y uniformados con insignias de las disidencias. Se repartía comida, había música, tortas, globos y otros elementos festivos. Según el testimonio, una mujer uniformada, junto a otros hombres armados, entregaba alimentos y hablaba con niños, niñas y jóvenes, mientras se hacían referencias abiertas a los actores armados, promoviendo su imagen. El evento conmemoraba los 61 años de existencia de las FARC en la caseta comunal del corregimiento.
Para este defensor, este tipo de actividades no solo representa una estrategia de propaganda, sino una modalidad de reclutamiento disfrazado que busca normalizar la presencia armada en la región y establecer vínculos emocionales con menores de edad, vulnerando sus derechos fundamentales y contraviniendo múltiples tratados internacionales.
Además, este grupo guerrillero utiliza plataformas digitales como Facebook, TikTok e Instagram para continuar con labores de reclutamiento. Como ejemplo mencionó la cuenta de TikTok @erlijimenez1234_m, activa desde 2019, donde se documenta la transformación de un joven que pasó de ser raspachín en cultivos de coca en el Cauca a convertirse en guerrillero activo. Esta situación fue denunciada hace más de dos años ante las autoridades del departamento sin recibir respuesta ni protección efectiva.
Por estas denuncias, Mogollón empezó a recibir amenazas de muerte por parte del Frente Jaime Martínez, lo que lo obligó a desplazarse de Jamundí a Cali por temor a represalias. Posteriormente, su amigo y compañero Raúl Martínez, líder social de Jamundí que se oponía a ser instrumentalizado por este grupo, fue asesinado en 2025.
La violencia continúa: en los últimos cuatro años fueron asesinadas entre 102 y 164 personas que defendían los derechos humanos, exigían el cumplimiento de la ley o lideraban procesos de progreso social. En estos departamentos, ricos en organizaciones civiles, recursos naturales y diversidad cultural, los líderes caucanos y vallunos son hoy los más atacados del país.
“Nos están asesinando por la resistencia que hacemos y por defender nuestros territorios, nuestros niños y niñas”, afirman sin vacilar Carlos Mogollón, Jhon Jairo Salazar y Juan Carlos Estupiñán, defensores de derechos humanos.
Una de las razones de estos ataques, explican, es la defensa del proceso de paz. “Cauca, Valle, Nariño y Chocó fueron los departamentos que le dijeron sí al proceso de paz de manera unánime, haciendo apuestas enormes porque sus territorios han sido desproporcionalmente los más afectados por el conflicto armado”.
Al preguntar a estos defensores si podían dar una entrevista a este medio de comunicación, todos coincidieron en que sí. Incluso autorizaron el uso de sus nombres, afirmando que en algún momento “tienen que morir”, una idea que expresan desde su experiencia forjada en la defensa de sus comunidades.
Muchos consejos comunitarios en el Cauca han recibido amenazas de muerte y han sufrido intentos de homicidio que los han obligado a abandonar sus tierras. La respuesta a por qué están matando y amenazando a líderes sociales, defensores de derechos humanos y ambientalistas en departamentos como Cauca, Valle, Nariño y Chocó es tan intrincada y diversa como la realidad de estos territorios.
Tras la dejación de armas de las FARC, hubo unos meses de relativa tranquilidad; sin embargo, antiguos grupos armados que se apartaron del proceso de paz y se declararon disidentes comenzaron a disputarse el dominio de territorios, negocios y rutas con estructuras criminales que también llegaron a la zona. El Estado no llegó con la rapidez ni la integralidad que el momento exigía.
El vacío de poder dejado por las antiguas guerrillas, que antes regulaban el orden local, no se llenó con instituciones de justicia, policía ni acciones civiles fuertes que atendieran las necesidades de la población. La respuesta del Gobierno central volvió a ser delegar la responsabilidad estatal únicamente en los militares.
Así lo consignó en su informe de 2019 Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): “Los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado, particularmente de autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la Policía, fueron insuficientes, en particular en las zonas rurales. Las cinco Zonas Estratégicas de Intervención Integral, establecidas por el Gobierno a través del Decreto 2278 de 2019, fueron creadas para atender este vacío; sin embargo, el ACNUDH observó que la presencia estatal en esas zonas continúa siendo predominantemente militar y el avance para establecer una mayor presencia de autoridades civiles ha sido lento”.
