{"id":3515,"date":"2026-01-30T10:50:49","date_gmt":"2026-01-30T10:50:49","guid":{"rendered":"https:\/\/revistacongresodigital.com\/?p=3515"},"modified":"2026-01-30T16:57:28","modified_gmt":"2026-01-30T16:57:28","slug":"empresas-que-hacen-intermediacion-financiera-en-colombia-en-riesgo-de-perderlo-todo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistacongresodigital.com\/?p=3515","title":{"rendered":"L\u00edderes Sociales Bajo Fuego: La Violencia Contra Defensores de Derechos Humanos en el Suroccidente Colombiano"},"content":{"rendered":"\t\t
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\u00bfPor qu\u00e9 la violencia se ensa\u00f1a contra los l\u00edderes sociales y defensores de derechos humanos en departamentos como Valle, Cauca, Nari\u00f1o y Choc\u00f3?
Quitarles ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes a la guerra pone en riesgo a quienes denuncian el reclutamiento forzado.<\/p>

Los activistas defensores Juan Carlos Estupi\u00f1\u00e1n, Jhon Jairo Salazar Cuestas y Carlos Alberto Mogoll\u00f3n han sido perseguidos y amenazados de muerte por denunciar un flagelo tan aberrante como el reclutamiento forzado de menores de edad por distintos grupos armados ilegales que operan en departamentos como el Cauca.<\/p>

JUAN CARLOS ESTUPI\u00d1\u00c1N<\/strong>, comunicador, periodista y corresponsal, afirma que el Cauca es el departamento del pa\u00eds que tiene la mayor fortaleza del movimiento ind\u00edgena, campesino y afrodescendiente, y tambi\u00e9n uno de los mayores \u00edndices de reclutamiento forzado en Colombia. \u00c9l se infiltr\u00f3 para conocer de primera mano cu\u00e1les eran las modalidades utilizadas para reclutar menores.<\/p>

JHON JAIRO SALAZAR<\/strong>, defensor de derechos humanos de Mission Pac\u00edfico, coincide en que el Cauca cuenta con liderazgos mucho m\u00e1s fuertes que otras regiones del pa\u00eds. Sin embargo, a\u00f1ade que \u201ccomo es un territorio tan conflictuado, vulnerable a econom\u00edas il\u00edcitas, al reclutamiento de menores de edad y al control por parte de grupos armados, esos liderazgos fuertes quedan expuestos, porque representan para los actores de la ilegalidad una oportunidad\u201d.
Le preocupa el incremento de casos de reclutamiento de ni\u00f1as, ni\u00f1os, j\u00f3venes y adolescentes en Colombia. Revel\u00f3 el m\u00e1s reciente reporte sobre casos conocidos entre 2005 y 2020: m\u00e1s de 93.000 menores<\/strong> fueron reclutados e instrumentalizados por distintos grupos armados.<\/p>

Salazar Cuestas explica por qu\u00e9 se utilizan ni\u00f1os y ni\u00f1as para la guerra. Cuando escuchamos la palabra \u201cguerra\u201d, pensamos en violencia, armas, ataques, soldados y bombardeos; sin embargo, pocas veces la asociamos con ni\u00f1os soldados, pese a ser una pr\u00e1ctica habitual debido a la din\u00e1mica cambiante de los conflictos y su intensificaci\u00f3n. Esto ocurre a pesar de estar condenada por el derecho internacional como una de las mayores violaciones a los derechos humanos, especialmente en tiempos de guerra.<\/p>

CARLOS ALBERTO MOGOLL\u00d3N<\/strong>, vinculado a una organizaci\u00f3n canadiense de derechos humanos, denunci\u00f3 el a\u00f1o anterior que las disidencias de las FARC estaban reclutando menores de edad. Se\u00f1al\u00f3 que realizaban fiestas como modalidad de captaci\u00f3n, lo que lo convirti\u00f3 en objetivo militar. Su denuncia relata que el 27 de mayo de 2025, mientras se movilizaba en su motocicleta por la vereda Villa Colombia en Jamund\u00ed (Valle del Cauca), fue testigo de un evento organizado por las disidencias de alias Iv\u00e1n Mordisco.
El festejo, desarrollado en el polideportivo de Villa Colombia, consist\u00eda en una celebraci\u00f3n donde hab\u00eda mujeres y hombres armados y uniformados con insignias de las disidencias. Se repart\u00eda comida, hab\u00eda m\u00fasica, tortas, globos y otros elementos festivos. Seg\u00fan el testimonio, una mujer uniformada, junto a otros hombres armados, entregaba alimentos y hablaba con ni\u00f1os, ni\u00f1as y j\u00f3venes, mientras se hac\u00edan referencias abiertas a los actores armados, promoviendo su imagen. El evento conmemoraba los 61 a\u00f1os de existencia de las FARC en la caseta comunal del corregimiento.<\/p>

Para este defensor, este tipo de actividades no solo representa una estrategia de propaganda, sino una modalidad de reclutamiento disfrazado que busca normalizar la presencia armada en la regi\u00f3n y establecer v\u00ednculos emocionales con menores de edad, vulnerando sus derechos fundamentales y contraviniendo m\u00faltiples tratados internacionales.
Adem\u00e1s, este grupo guerrillero utiliza plataformas digitales como Facebook, TikTok e Instagram para continuar con labores de reclutamiento. Como ejemplo mencion\u00f3 la cuenta de TikTok @erlijimenez1234_m<\/strong>, activa desde 2019, donde se documenta la transformaci\u00f3n de un joven que pas\u00f3 de ser raspach\u00edn en cultivos de coca en el Cauca a convertirse en guerrillero activo. Esta situaci\u00f3n fue denunciada hace m\u00e1s de dos a\u00f1os ante las autoridades del departamento sin recibir respuesta ni protecci\u00f3n efectiva.<\/p>

Por estas denuncias, Mogoll\u00f3n empez\u00f3 a recibir amenazas de muerte por parte del Frente Jaime Mart\u00ednez, lo que lo oblig\u00f3 a desplazarse de Jamund\u00ed a Cali por temor a represalias. Posteriormente, su amigo y compa\u00f1ero Ra\u00fal Mart\u00ednez<\/strong>, l\u00edder social de Jamund\u00ed que se opon\u00eda a ser instrumentalizado por este grupo, fue asesinado en 2025.<\/p>

La violencia contin\u00faa: en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os fueron asesinadas entre 102 y 164<\/strong> personas que defend\u00edan los derechos humanos, exig\u00edan el cumplimiento de la ley o lideraban procesos de progreso social. En estos departamentos, ricos en organizaciones civiles, recursos naturales y diversidad cultural, los l\u00edderes caucanos y vallunos son hoy los m\u00e1s atacados del pa\u00eds.<\/p>

\u201cNos est\u00e1n asesinando por la resistencia que hacemos y por defender nuestros territorios, nuestros ni\u00f1os y ni\u00f1as\u201d, afirman sin vacilar Carlos Mogoll\u00f3n, Jhon Jairo Salazar y Juan Carlos Estupi\u00f1\u00e1n, defensores de derechos humanos.<\/p>

Una de las razones de estos ataques, explican, es la defensa del proceso de paz. \u201cCauca, Valle, Nari\u00f1o y Choc\u00f3 fueron los departamentos que le dijeron s\u00ed<\/strong> al proceso de paz de manera un\u00e1nime, haciendo apuestas enormes porque sus territorios han sido desproporcionalmente los m\u00e1s afectados por el conflicto armado\u201d.<\/p>

Al preguntar a estos defensores si pod\u00edan dar una entrevista a este medio de comunicaci\u00f3n, todos coincidieron en que s\u00ed. Incluso autorizaron el uso de sus nombres, afirmando que en alg\u00fan momento \u201ctienen que morir\u201d, una idea que expresan desde su experiencia forjada en la defensa de sus comunidades.<\/p>

Muchos consejos comunitarios en el Cauca han recibido amenazas de muerte y han sufrido intentos de homicidio que los han obligado a abandonar sus tierras. La respuesta a por qu\u00e9 est\u00e1n matando y amenazando a l\u00edderes sociales, defensores de derechos humanos y ambientalistas en departamentos como Cauca, Valle, Nari\u00f1o y Choc\u00f3 es tan intrincada y diversa como la realidad de estos territorios.<\/p>

Tras la dejaci\u00f3n de armas de las FARC, hubo unos meses de relativa tranquilidad; sin embargo, antiguos grupos armados que se apartaron del proceso de paz y se declararon disidentes comenzaron a disputarse el dominio de territorios, negocios y rutas con estructuras criminales que tambi\u00e9n llegaron a la zona. El Estado no lleg\u00f3 con la rapidez ni la integralidad que el momento exig\u00eda.
El vac\u00edo de poder dejado por las antiguas guerrillas, que antes regulaban el orden local, no se llen\u00f3 con instituciones de justicia, polic\u00eda ni acciones civiles fuertes que atendieran las necesidades de la poblaci\u00f3n. La respuesta del Gobierno central volvi\u00f3 a ser delegar la responsabilidad estatal \u00fanicamente en los militares.<\/p>

As\u00ed lo consign\u00f3 en su informe de 2019 Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): \u201cLos esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado, particularmente de autoridades civiles, incluyendo la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda, fueron insuficientes, en particular en las zonas rurales. Las cinco Zonas Estrat\u00e9gicas de Intervenci\u00f3n Integral, establecidas por el Gobierno a trav\u00e9s del Decreto 2278 de 2019, fueron creadas para atender este vac\u00edo; sin embargo, el ACNUDH observ\u00f3 que la presencia estatal en esas zonas contin\u00faa siendo predominantemente militar y el avance para establecer una mayor presencia de autoridades civiles ha sido lento\u201d.<\/p>

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